Reunión de la Pastoral Social de la Arquidiócesis con Legisladores nacionales de la Provincia de Tucumán.
Ref. Reforma del régimen Penal Juvenil
Como Iglesia de Tucumán, compartimos con los representantes nacionales de nuestra Provincia, y con la comunidad toda, nuestra mirada e inquietudes, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en nuestros contextos sociales y al mismo tiempo, expresar nuestra preocupación ante algunas propuestas de reforma del régimen penal juvenil que buscan bajar la edad de punibilidad, incluso hasta los 13 años.
Nuestras ideas y reflexiones son fruto de la experiencia de trabajar y conocer la realidad de las cárceles, de las familias de las personas presas, de los menores que han infringido la ley, de los menores que viven y se desarrollan en nuestros barrios, en especial, las comunidades más vulnerables y más carenciadas. Queremos ser la voz de aquellos que habitan estas realidades, y ser la voz de aquellos que se han visto cercenados o violentados en sus derechos y en su dignidad.
Asistentes:
Estuvieron en la reunión los miembros de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, el Arzobispo Monseñor Carlos Sánchez, el obispo auxiliar Monseñor Roberto Ferrari, el Padre José Ignacio Abuin, el padre Marcelo Durango y los diputados Pablo Yedlin, Gerardo Huesen y en representación del Diputado Carlos Cisneros el Dr. Juan Andrés Robles y las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.
Nuestra Realidad
Observamos en las estadísticas, que en general, los adolescentes no son el problema principal de la inseguridad. “Los delitos cometidos por adolescentes, entre 14 y 16 años, representan el 0,4 %, un porcentaje bajo respecto de los delitos cometidos en el País. Y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0,7 %” (Informe Estadístico 2023, Corte Suprema de Justicia de la Nación). Según el Relevamiento Nacional de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, del primer semestre de 2023, de “los infractores de la ley sólo el 1,1 % son menores de 16 años”. Al mismo tiempo, en los delitos donde niños y adolescentes son protagonistas, se percibe una magnificación de parte del debate público y en algunos medios de difusión. Las experiencias internacionales han demostrado que “disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate de la inseguridad”
Por otro lado, es evidente que los contextos en los que se producen hechos delictivos de adolescentes, están involucrados adultos que los conducen a estas conductas, cuando no directamente las fuerzan, ya sea desde la entrega de un arma, la logística, la comercialización de los bienes robados, el narcotráfico, etc. Un menor que entra en conflicto con la ley, o bien está influenciado por un adulto que lo manipula para obtener un beneficio propio, o bien está abandonado a su propia suerte por el mundo adulto y sus instituciones. El proceso de desarrollo cognitivo y psicológico completo de una persona, que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, a la edad de 18 o 19 años aún está incompleto. (Documento Pastoral Carcelaria Argentina, agosto 2024)
Las estadísticas reflejan que la privación de libertad aumenta la violencia y la reincidencia, el encierro temprano promueve una socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo.
Proponer la baja de edad de punibilidad como solución a la problemática de la niñez y adolescencia que delinque no es más que exceptuarnos de la responsabilidad que nos toca a todos ante una realidad que como ciudadanos (y más aún como cristianos) nos interpela y nos pide que tomemos parte en su cuidado. Una realidad, dónde 7 de cada 10 niños son pobres (INDEC, septiembre 2024), haciendo que niños, niñas y adolescentes sean muy vulnerables.
Propuestas e ideas superadoras
Consideramos que es muy necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de punibilidad.
Creemos que es fundamental fortalecer los dispositivos del régimen penal juvenil actual y el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la comunidad, promoviendo una justicia restaurativa que reduzca la reincidencia.
Promover un sistema de justicia especializado, para adolescentes y jóvenes, con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley, antes que la represión. Con un abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación, hasta la finalización de la sanción, con la participación de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios y con la consiguiente asignación de recursos económicos. Las políticas de seguridad dirigidas, fuertemente hacía los adultos, con el objetivo de evitar la cooptación de niños y jóvenes. Las políticas de seguridad enfocadas en los grandes eslabones de la delincuencia, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.
Toda reforma de la ley debe estar acompañada en una fuerte inversión en políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia. Políticas y programas que, con una importante asignación de recursos económicos, contemplen, entre otras iniciativas:
- La promoción y trabajo de reinserción social.
- La reinserción educativa.
- El tratamiento específico, de los consumos problemáticos en niños y adolescentes.
- Capacitación y formación en oficios.
- Planes de trabajo personalizados que tengan por objetivo que puedan responsabilizarse de sus acciones y reparar el daño producido
- Sanciones alternativas que alejen a los adolescentes del delito, tales como prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, obligación de reparar lo dañado, etc.
- Promover y facilitar espacios recreativos y formativos comunitarios, con participación de la familia. (programas deportivos, de formación artística y en oficios entre otros)
Como sociedad necesitamos reflexionar en la línea que propone la Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA, agosto 2024): “¿Quiénes estuvieron presentes para brindar contención en momentos decisivos? ¿La familia? ¿El Estado en general? ¿La escuela? ¿La Iglesia? ¿Los vecinos del barrio? Es por ello que, decimos que cuando alguien comete un delito, transgrede la ley y cae preso es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el estado, la escuela, la Iglesia, etc. “Aquí y en cualquier sociedad del mundo las altas tasas de inequidad, exclusión y pobreza van acompañadas de altas tasas de conflicto con la Ley Penal”.
En los barrios y comunidades en los que, como Iglesia, trabajamos a diario, somos testigos de los frutos de las acciones comunitarias que incluyen actividades educativas, deportivas, recreativas, artísticas y religiosas donde las niñeces y adolescencias son protagonistas. Estamos convencidos de la importancia de opciones institucionales claras por continuar ese camino, enfocadas en desarrollar a los más pequeños como personas con derechos plenos. “Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la punibilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro” (Pastoral Carcelaria, CEA, agosto 2024).
Buscamos una vida nueva y digna para todos, promoviendo la fraternidad y la esperanza, donde todos tengan la misma oportunidad y posibilidad de crecer y desarrollarse plenamente.
Ideas vertidas – Conclusiones del Encuentro
Los sacerdotes Marcelo Durango y José Abuin comenzaron la reunión detallando lo expuesto en el punto Nuestra realidad invitando a pensar en los ejemplos de otros países y si se pueden aplicar las leyes por igual en Buenos Aires que en el interior, ya que son contextos y estilos de vida diferentes. La Sra Hernández en la misma línea, cuestiona sobre si los adolescentes tienen la contención suficiente, es gravísimo pensar en solo bajar la edad para disminuir un delito ya que ahí tampoco hay lugares y redes de contención, los suicidios se suceden por falta de perspectivas y de salida superadora, proponiendo el deporte como un horizonte eficiente que no requiere mayores presupuestos. La Cra Mónica Delgado reconoce que hay delitos de menores que deben ser juzgados pero con elementos de justicia especializados con un sentido propositivo. Monseñor Sánchez expresa que es un problema complejo partiendo por la fragilidad de la familia.
La Senadora Sandra Mendoza agradece la reunión, comparte la complejidad del tema y que la solución la debemos buscar entre todos y para debatir la ley hay que tener cuidado y escuchar a todos los especialistas posibles. Finalmente se pone a disposición de la Pastoral Social.
El Diputado Pablo Yedlin expresa que no está de acuerdo de la causa efecto menor inseguridad con disminución de edad de imputabilidad. Reconoce la necesidad de un régimen penal juvenil federal que la Nación no posee. Agradece la preocupación de la Iglesia en este sentido. El diputado Gerardo Huesen opina que ha presentado una ley de baja de imputabilidad para considerar el daño que produce un menor que delinque a la vez que reconoce la falta de legislación penal juvenil.
La Senadora Beatriz Ávila también agradece la convocatoria de la Pastoral Social y los invita a exponer en la Cámara de Diputados el aporte que están haciendo. Está de acuerdo en cambiar el régimen penal actual que tiene un estilo paternalista y data de 1980. Además buscar un proyecto que debe ser enmarcado en un contexto social general. El representante del Diputado Carlos Cisneros expresa la preocupación del mismo porque se ven involucrados niños y se violan sus derechos.
Monseñor Sánchez los anima a buscar lo mejor para la Patria y lo mejor para Tucumán y repite la disponibilidad como Iglesia a hacer los aportes que sean pertinentes porque todos queremos velar por el bien común.
Retomando el acuerdo de dar un buen debate respecto a la Reforma del Régimen Penal Juvenil se da por terminada la reunión.
San Miguel de Tucumán, 30 de septiembre de 2024
