“Me gustaría que me preparara un informe sobre las iniciativas de la Iglesia para proteger a los menores y a los adultos vulnerables. Esto puede ser difícil al principio, pero le pido que empiece por donde sea necesario para que yo pueda proporcionar un informe fiable sobre lo que está sucediendo y lo que es necesario cambiar, para que las autoridades competentes puedan actuar». Tras un largo e intenso trabajo, la Comisión para la Protección de Menores -órgano creado por el Papa en 2014 para proponer las iniciativas más adecuadas para prevenir los abusos en la Iglesia- responde a la llamada de Francisco y publica hoy, 29 de octubre, su primer Informe Anual sobre Políticas y Procedimientos de Protección. Unas 50 páginas, cuatro secciones, numerosos datos recogidos en los cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones religiosas, y también en la propia Curia Romana, a la que se pide cada vez más transparencia sobre procedimientos y procesos.
El sufrimiento y la curación de las víctimas
El documento ha sido redactado por un grupo de trabajo presidido por Maud de Boer-Buquicchio, miembro de la Comisión y con una larga experiencia en la defensa de menores. En la portada aparece un árbol baobab, símbolo de la «resiliencia», la que han demostrado miles de víctimas al denunciar y luchar para hacer de la Iglesia un lugar más seguro y recuperar la confianza perdida a causa de estos delitos. En ellas, en su sufrimiento y en su curación, se centra el trabajo de toda la Comisión y el propio Informe.
Riesgos y progresos
Más en detalle, el Informe -dice- busca promover el compromiso de la Iglesia con una respuesta «rigurosa» a la lacra de los abusos, basada en los derechos humanos y centrada en las víctimas, en línea con las recientes reformas del Libro VI del Código de Derecho Canónico que estigmatiza el delito de abusos como una violación de la dignidad de la persona. El texto documenta los riesgos y los avances en los esfuerzos de la Iglesia por proteger a los niños. También recoge recursos y buenas prácticas para compartir en la Iglesia universal, y es una herramienta para que la Comisión informe de sus conclusiones y recomendaciones de forma sistemática para compartirlas con el Papa, las víctimas, las Iglesias locales y el Pueblo de Dios.
Mayor acceso a la información
Entre las «necesidades» que señala el documento está la de promover mejor el acceso de las víctimas y supervivientes a la información para evitar que se generen nuevos traumas. «Deberían diseñarse medidas para garantizar el derecho de toda persona a cualquier información que le concierna», siempre “respetando las leyes y requisitos de protección de datos”, dice el texto. Que también reitera la necesidad de «consolidar y clarificar las competencias de cada Dicasterio de la Curia Romana para garantizar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los casos de abusos sometidos a la Santa Sede», sugiriendo la importancia de agilizar los procedimientos – «cuando esté justificado»- de dimisión o destitución de los responsables. También es necesario, según el informe, «un mayor desarrollo del magisterio de la Iglesia sobre su ministerio de tutela»; estudiar las políticas de daños y reparaciones para promover un enfoque riguroso de las reparaciones; y promover oportunidades académicas y recursos adecuados para los aspirantes a trabajadores de la tutela.
